Un mes después del sismo de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia el pasado 10 de agosto, el sector asegurador reveló cifras que ilustran el alcance económico de la tragedia. Según el cuarto reporte de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), con corte al 7 de septiembre, las compañías han desembolsado $95.076 millones en indemnizaciones destinadas a reparar viviendas, comercios, copropiedades y otros bienes afectados.
El valor asegurado asociado a los siniestros reportados alcanzó los $3,7 billones, un billón de pesos más que en el balance de la semana anterior, lo que evidencia que el proceso de reclamaciones apenas está en desarrollo. Hasta la fecha, las aseguradoras recibieron 68.270 reclamaciones distribuidas en 451 municipios de 31 departamentos del país.
La distribución geográfica de los siniestros muestra una clara concentración en los departamentos más cercanos al epicentro del terremoto. Valle del Cauca lidera las estadísticas con 28.201 reclamaciones, seguido por Risaralda con 14.755 casos, Quindío con 8.158, Antioquia con 5.847 y Caldas con 3.998 reportes.
En términos de pagos efectivamente realizados, Valle del Cauca también ocupa el primer lugar con $46.220 millones desembolsados, mientras que el valor estimado por pagar en ese departamento asciende a $1,35 billones. Risaralda registra $26.337 millones ya pagados y un estimado de $1,30 billones pendientes, una cifra que refleja la severidad de los daños en ambas regiones a pesar de la diferencia en el número de reclamaciones.
Quindío, por su parte, acumula $12.446 millones pagados y $256.000 millones estimados, mientras que Caldas suma $4.677 millones desembolsados y $220.000 millones en proyección. Antioquia presenta los montos más bajos entre los cinco departamentos principales, con apenas $660 millones pagados y $106.000 millones estimados.
Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda, enfatizó que las cifras actuales representan solo una fotografía parcial de la emergencia y recordó que los damnificados cuentan con un plazo de hasta dos años, contados desde el 10 de agosto, para presentar sus reclamaciones ante las compañías de seguros. «Estas cifras indican que apenas estamos comenzando el proceso», concluyó Morales durante la presentación del informe.
La evolución de las reclamaciones confirma esta perspectiva. En solo ocho días, entre el corte anterior y el más reciente, los casos aumentaron de 66.370 a 68.270, un crecimiento del 3 por ciento. Sin embargo, frente al reporte inicial de la emergencia, el incremento acumulado alcanza el 550 por ciento, una señal de que más afectados continúan formalizando sus solicitudes.
Los recursos desembolsados por las aseguradoras registraron un aumento del 121 por ciento frente al corte anterior, pasando de aproximadamente $43.000 millones a los $95.076 millones actuales. Esta aceleración en los pagos refleja el esfuerzo del sector por atender con celeridad a las familias y empresas afectadas.
Ante la magnitud del proceso que se avecina, Fasecolda dispuso en su página web una guía con información sobre coberturas y los pasos que deben seguir los afectados para adelantar el proceso de reclamación. La orientación busca que los damnificados conozcan qué documentos presentar, qué coberturas pueden aplicar y cómo avanzar ante sus aseguradoras.
Los expertos recomiendan a los afectados no dejar vencer los tiempos y revisar detenidamente sus pólizas. Aunque el plazo máximo citado por Fasecolda es de dos años, presentar la reclamación con soportes completos puede facilitar la revisión del caso y acelerar una eventual respuesta de la aseguradora.
La diferencia entre los $95.076 millones ya pagados y los $3,7 billones estimados en daños asegurados indica que todavía quedan miles de reclamaciones por evaluar, ajustar y liquidar en los próximos meses. El sector asegurador mantiene el acompañamiento a personas, familias, empresas y copropiedades afectadas mientras continúa la evaluación de los siniestros reportados.
