La iniciativa establece un plazo de seis meses a las compañías para que determinen montos adeudados.
El gobierno de Chile presentó un proyecto en el Senado que establece un plazo de seis meses a las aseguradoras privadas para que determinen montos adeudados y un plan de pago que deberá ser aprobado por la Superintendencia de Salud. La propuesta ingresó con urgencia simple a la Comisión de Salud y de Hacienda: se creará un comité de expertos para tratar la temática.
La iniciativa responde al fallo de la Corte Suprema que mandaba a las Instituciones de Salud Previsional (isapres) a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso.
La ley corta de isapres fortalece la Superintendencia de Salud (SIS), para que pueda fiscalizar la labor de las isapres. Asimismo, modifica la normativa de las instituciones privadas, estableciendo condiciones para que cumplan las sentencias y mantengan las coberturas de sus afiliados.
“Permite el cumplimiento hacia adelante del fallo de la Corte Suprema que hace que una cantidad muy importante de contratos baje sus costos y por eso, muchas personas van a ver una baja considerable en el costo de sus planes. Al mismo tiempo, hacia atrás esa misma baja que no se dio genera esa deuda que es muy grande y establece una serie de modificaciones para que la devolución de esta deuda no lleve a las isapres a la quiebra inminente”, indicó Tomás Lagomarsino, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Para restituir los cobros en exceso, el proyecto de ley establece que las isapres deberán informar en un plazo de seis meses el número de contratos afectados por las devoluciones y el monto total de la deuda, para luego proponer un plan de pago.
Por último, el proyecto también fortalecerá el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) mediante la modalidad de cobertura complementaria (MCC). De esa manera, sus beneficiarios podrán contratar seguros privados voluntarios a través de una prima comunitaria adicional al 7% -por beneficiario- así las personas que coticen en el sistema público podrán acceder a un esquema de cobertura integrado por prestadores privados con copagos mínimos garantizados.
