Incendios cada vez más intensos e inundaciones más frecuentes están empujando a aseguradoras de ambos lados del Atlántico a retirar coberturas o encarecerlas hasta volverlas inaccesibles. El fenómeno, que ya golpea con fuerza a California, empieza a manifestarse también en Alemania, Francia y el Reino Unido, y obliga a los gobiernos a asumir un rol cada vez mayor como garantes de última instancia.
El calentamiento global está generando un problema que hasta hace poco pasaba inadvertido: la aparición de las llamadas «zonas no asegurables». Se trata de regiones donde ya no es posible contratar un seguro de vivienda, sea porque las compañías se niegan directamente a ofrecer cobertura en áreas de alto riesgo climático, sea porque fijan primas tan elevadas que la mayoría de los propietarios no puede afrontarlas. El fenómeno pone en evidencia que el sistema asegurador tradicional, pensado para un clima relativamente estable, empieza a mostrar grietas frente a la intensificación de fenómenos extremos.
California es hoy el caso más citado. En 2024, State Farm, una de las mayores compañías de seguros de hogar de Estados Unidos, dejó de renovar 72.000 pólizas en todo el estado, en gran parte por el riesgo cada vez más difícil de calcular que representan los incendios forestales. No fue un caso aislado: seis de las doce aseguradoras más grandes del estado ya habían suspendido o restringido fuertemente la emisión de nuevas pólizas. Como consecuencia, miles de propietarios que no consiguen cobertura privada terminan recurriendo al Plan FAIR, el seguro estatal de último recurso, cuya cartera pasó de unas 271.000 pólizas en 2022 a más de 684.000 en marzo de este año, un salto de más del 150%. Ese plan, que nunca fue concebido para funcionar como asegurador principal, estuvo cerca de colapsar tras los incendios que arrasaron Los Ángeles en enero de 2025 y sólo logró sostenerse gracias a un rescate de emergencia de 1.000 millones de dólares.
En Europa la señal de alarma es más reciente, pero avanza en la misma dirección. Según la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA), el regulador comunitario del sector, el 75% de las pérdidas económicas causadas históricamente por catástrofes naturales en el continente nunca estuvo cubierto por un seguro. En Alemania, la asociación nacional de aseguradoras advirtió que las primas de los seguros de vivienda podrían duplicarse en la próxima década a causa del aumento de los siniestros vinculados al clima. En Francia, el esquema estatal de catástrofes naturales, conocido como CatNat, acumula déficit desde 2016, lo que llevó al gobierno galo a subir el recargo obligatorio que se cobra en todas las pólizas de propiedad, del 12% al 20%, a comienzos de 2025. Ese sistema, vigente desde 1982 y financiado de manera solidaria por el conjunto de los asegurados franceses, ya pagó más de 50.000 millones de euros en indemnizaciones, pero empieza a mostrar signos de tensión ante la aceleración de las pérdidas.
El diagnóstico no se limita a Europa. Un informe de la reaseguradora suiza Swiss Re calculó que, a nivel mundial, el 57% de las pérdidas provocadas por catástrofes naturales en 2024 no estaba asegurado, una brecha que crece a medida que los eventos extremos se multiplican.
Frente a este panorama, empiezan a ganar terreno dos herramientas financieras pensadas para gestionar el riesgo climático a gran escala. La primera son los bonos catástrofe, instrumentos que permiten a las reaseguradoras —las empresas que aseguran a las propias aseguradoras— captar fondos de inversores antes de que ocurra un desastre, garantizando así liquidez inmediata cuando el siniestro se produce. Este mecanismo surgió a fines de los años noventa, tras el paso del huracán Andrew por Florida. La segunda alternativa es el seguro paramétrico, que paga de forma automática apenas se supera un umbral predefinido —por ejemplo, un determinado nivel de lluvia en una zona—, sin necesidad de inspeccionar los daños caso por caso, lo que lo vuelve especialmente útil en regiones remotas o con baja penetración de seguros tradicionales.
Pero ninguno de estos instrumentos alcanza, por ahora, para cerrar la brecha por completo, y eso empuja a los Estados a asumir un papel cada vez más activo. En el Reino Unido funciona desde 2016 el consorcio Flood Re, creado junto al sector privado para repartir el riesgo de las inundaciones entre todo el mercado asegurador y mantener así primas accesibles en las zonas más expuestas; el esquema está previsto que expire en 2039, aunque existen dudas crecientes sobre si para entonces el mercado privado podrá valorar ese riesgo sin encarecer la cobertura. A nivel comunitario, se discute además un plan de reaseguro público-privado para toda la Unión Europea, que buscaría reducir la brecha de protección del 75% actual a apenas un 10%, aunque exigiría movilizar hasta 65.000 millones de euros en fondos públicos de respaldo para los eventos más severos.
El consenso entre especialistas es que las zonas no asegurables dejaron de ser una hipótesis lejana. Los mecanismos que las sociedades diseñaron para absorber el riesgo climático fueron pensados para un clima mucho más estable que el actual, y la pregunta que enfrentan hoy los gobiernos ya no es si deberán intervenir con mayor fuerza en el mercado de seguros, sino con qué velocidad logren adaptar sus herramientas a una realidad que cambia más rápido de lo previsto.



