Las trabas en la provisión de autopartes, la incipiente red de posventa y la complejidad técnica de las baterías fuerzan a las compañías aseguradoras a replantear sus pólizas, coberturas y protocolos de auxilio frente a la nueva oferta vehicular.
La creciente llegada de vehículos importados, con una marcada presencia de fabricantes provenientes de China y una oferta en expansión de modelos híbridos y eléctricos, está provocando un reacomodamiento integral en la estructura de evaluación de riesgos del mercado asegurador local. El fenómeno no obedece a un prejuicio hacia el origen de las unidades, sino a factores operativos y logísticos críticos vinculados con la disponibilidad de repuestos, los altos costos de importación y la prolongación de los tiempos en los talleres mecánicos.
A diferencia de lo que ocurre con las marcas tradicionales que cuentan con décadas de infraestructura en el país, varias de las nuevas firmas asiáticas recién comienzan a consolidar sus redes comerciales y servicios de posventa. Cuando una unidad sufre un siniestro, la escasez de piezas específicas y los elevados valores de los fletes internacionales extienden de forma considerable los plazos de reparación. Esta demora impacta de manera directa en los costos operativos de las aseguradoras, que terminan recalculando las condiciones de las pólizas para absorber los gastos extraordinarios que genera la inmovilización de los coches.
La transformación se vuelve aún más profunda en el segmento de los automóviles electrificados, donde los parámetros tradicionales de siniestralidad están quedando desactualizados. En estos modelos, el paquete de baterías de tracción representa entre el 40 y el 60 por ciento del valor total del automóvil. Como consecuencia, un impacto parcial en el chasis que comprometa la batería puede derivar fácilmente en una declaración de destrucción total, dejando obsoleto el histórico umbral del 80 por ciento utilizado por la industria para calificar una pérdida irrecuperable.
Frente a este escenario, las compañías del sector avanzan en el diseño de nuevas cláusulas contractuales e incorporan herramientas tecnológicas específicas. Entre los principales instrumentos se destaca el análisis del estado de salud de las celdas para diagnosticar la degradación y el daño real acumulado antes de determinar un resarcimiento. Asimismo, el sector trabaja junto al Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi) en programas de formación para peritos e inspectores, orientados al diagnóstico seguro de componentes de alta tensión y a la habilitación de talleres certificados que cuenten con equipamiento adecuado de desenergización.
Los cambios también alcanzan a la logística cotidiana del auxilio mecánico y la gestión de emergencias. Las intervenciones habituales, como puentear una batería descargada, quedaron terminantemente desaconsejadas en estos rodados para evitar daños irreversibles en la electrónica de alta potencia, mientras que los remolques deben realizarse exclusivamente en grúas de plancha para eludir la generación de energía inversa en los motores eléctricos. De este modo, las aseguradoras adaptan su operatoria a riesgos inéditos que abarcan desde posibles fallas térmicas durante la recarga doméstica y protocolos de cuarentena para baterías dañadas, hasta desafíos emergentes en materia de ciberseguridad automotriz.
