Nueva ley de seguros: el Gobierno eleva coberturas, crea un fondo de garantía y busca desregular el mercado

La Casa Rosada impulsa una reforma del sistema asegurador que actualiza los montos de responsabilidad civil, simplifica trámites para dar de baja pólizas y apunta a que las compañías definan productos sin autorización previa. El paquete se complementa con cambios en cabotaje y códigos administrativos para bajar costos logísticos.

El Gobierno puso el foco en el mercado asegurador como parte de su nueva agenda económica. En los últimos discursos, Javier Milei habló de una “revolución de los seguros” para reducir el rol del Estado y ampliar la oferta privada con menor intervención previa del regulador. La propuesta retoma un capítulo de la Ley Bases de diciembre de 2023 que no prosperó y ahora se reevalúa como un proyecto específico.

El primer movimiento concreto ya está en marcha. La Superintendencia de Seguros de la Nación dictó la Resolución 589/2025, que actualiza desde el 1° de enero de 2026 las sumas aseguradas y los deducibles de los seguros de responsabilidad civil para automotores y transporte público. El límite del seguro obligatorio sube a $20,8 millones por persona, mientras que el tope para transporte público de pasajeros se fija en $676 millones. Los gastos sanatoriales pasan a $910.000 por persona y los de sepelio a $533.000. Para el transporte público se establece una franquicia obligatoria de $3,38 millones a cargo del asegurado. En taxis y remises, el descubierto no podrá superar $494.000 y deberá figurar expresamente en la póliza. La SSN argumenta que los ajustes buscan “mantener la suficiencia y el equilibrio técnico” de las coberturas tomando como referencia la tasa de la FACPCE.

También se modificaron las condiciones contractuales del seguro automotor. La Resolución 136/2026 incorpora normas de la DNRPA para agilizar la liquidación de siniestros: se detalla qué documentación presentar ante destrucción total o robo, se aceptan títulos digitales y físicos y se exige entregar las llaves si el asegurado las conserva. A eso se suma la Resolución 435/2025, que obliga a las aseguradoras con canales electrónicos a incluir en sus webs y apps una opción visible para rescindir la póliza, acceder al contrato y denunciar siniestros.

En el Congreso avanza, además, un proyecto que crea un fondo común de garantía para cubrir daños provocados por autores desconocidos, no asegurados o por aseguradoras con imposibilidad económica o jurídica de pagar. El fondo se financiaría con un porcentaje sobre las primas y tendría un plazo de prescripción de tres años para el reclamo del damnificado. La iniciativa declara a la ley de orden público y prevé su entrada en vigencia a los 180 días de publicada.

En despachos oficiales admiten que la letra fina de la desregulación todavía se discute. La idea es habilitar que las compañías definan sus productos sin autorización previa de la SSN para generar “mayor dinamismo”, aunque resta definir si se modificará la Ley 20.091 o si se avanzará sobre normas complementarias. El Ejecutivo sostiene que el objetivo es ampliar la oferta, fomentar la competencia y reducir costos.

El capítulo de seguros forma parte de un paquete más amplio que incluye la desregulación del cabotaje fluvial y la simplificación de códigos de la Prefectura Naval, con la meta de bajar costos logísticos y reordenar la agenda tras los cambios en la Jefatura de Gabinete. Los nuevos montos de cobertura empezarán a regir en enero de 2026 y los propietarios de vehículos agrícolas o industriales alcanzados por la ampliación del seguro obligatorio tendrán seis meses para contratar la póliza desde la publicación de la ley.