La Casa Rosada, pese a la resistencia interna inicial, indicó que está «terminando de diseñar alternativas para aliviar la situación de los que tienen hoy créditos hipotecarios UVA y sufrieron aumentos significativos en las cuotas».
Es un cambio de estrategia porque, hasta hace pocos días, el bloque legislativo que responde a Mauricio Macri sostenía que era un tema que «no le preocupaba», ya que ese sistema de créditos tiene una baja morosidad.
Incluso, señalaban que, pese a los vaivenes económicos, resultaba más barato pagar la cuota para ser dueño de una vivienda que enfrentar un alquiler.
La negativa del Gobierno a cualquier iniciativa que congelara las cuotas tenía como argumento que se terminaría destruyendo la esencia del sistema.
En ese aspecto, el diputado del PRO, Eduardo Amadeo, sostuvo que si se deja de lado el índice de inflación y se empieza a utilizar el CER o el de salarios como variable de ajuste, se destruirá el sistema hipotecario, porque implicaría «un cambio brutal de reglas de juego».
Sin embargo, en los últimos días recobró impulso una idea que desde hace tiempo viene rondando como posible solución para mantener el crédito UVA sin que los tomadores deban vivir con la incertidumbre de una escapada inflacionaria que les lleve la cuota a un nivel impagable.
¿Cuál será la salida a este creciente problema que enfrentan aquellos que se sumaron a estas líneas?
Desde el Instituto de la Vivienda, los bancos públicos y otros organismos, se buscará implementar un seguro obligatorio para evitar que la cuota se dispare cuando la inflación sea muy alta. Ese nuevo monto irá a un fondo manejado por el Estado, que generará un repago en caso de que no se utilice.
Claro que ese seguro encarecerá las cuotas, pero desde filas oficialistas se considera que ese es el «mal menor» si se lo compara con los proyectos de la oposición, uno de los cuales tendrá inminente tratamiento en el Congreso.
¿De qué porcentaje de suba se está hablando? Todavía no es oficial, pero se rumorea que el pago mensual podría llegar a sufrir un incremento extra del 3%.
Desde el colectivo nacional Hipotecados UVA Autoconvocados expresaron en un comunicado que «la intención de implementar un seguro -cuyo costo sería asumido por los tomadores de crédito-, para poner un tope al aumento de las cuotas, no es más que un parche que no soluciona el fondo de la cuestión».
Y agregó: «La indexación de las cuotas y el capital por CER es el verdadero problema de éstos créditos, ya que nuestros ingresos se incrementan muy por debajo de la galopante inflación que venimos padeciendo». Y piden otro tipo de respuesta, que podría venir desde el Poder Legislativo.
Concretamente, el próximo miércoles, la cámara de Diputados –a pedido de la oposición- realizará una sesión especial para tratar este tema. Allí, se buscará aprobar un texto consensuado por las distintas vertientes del peronismo, la izquierda y partidos provinciales en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano que preside Felipe Solá. En concreto, busca poner un tope al incremento de las cuotas y suspender las ejecuciones hipotecarias.
Al no tener dictamen de todas las comisiones que deben tratarlo, el texto necesitará el voto de los dos tercios de los miembros presentes de la cámara para ser aprobado.
Pero en caso de no avanzar en Diputados, el Gobierno no podrá relajarse ya que el titular del bloque Argentina Federal en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, presentó un proyecto «para proteger a deudores hipotecarios en moneda indexada (créditos UVA)».
«La actual situación económica, financiera y social requiere de medidas urgentes, por lo que proponemos suspender por 1 año las ejecuciones hipotecarias para viviendas únicas», escribió el senador nacional en sus redes sociales.
El principal freno que tiene el proyecto de la oposición en la cámara baja es que Amadeo se niega a convocar a la comisión de Finanzas que preside a los fines de analizar el texto. En Defensa del Consumidor, el panorama es distinto porque allí sería avalada ya que está en manos de la oposición.
El antimacrismo buscará dar un mensaje político. Según comentaron asesores de distintos legisladores, no les convence la idea del pago de seguro y destacaron que es preferible que la cuota esté topeada por otro índice.
En concreto, la iniciativa que impulsan declara la emergencia de este sistema de créditos por 365 días para quienes compraron vivienda única, familiar y de ocupación permanente, que establece lo siguiente:
– Durante la vigencia de la emergencia se modifica el criterio para calcular el valor de las cuotas, incorporando el CVS (Coeficiente de Variación Salarial) al CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) que se utiliza actualmente. Luego, se tomará el menor de dichos indicadores para actualizar la cuota.
– La emergencia se prorrogará automáticamente por otro año si el CER, durante la vigencia de la emergencia supera en un 5% al CVS de igual período. Se considerarán los datos oficiales disponibles al momento del vencimiento del plazo de la emergencia.
– Plantea un período de gracia de seis meses para aquellas personas que perdieron el empleo después de tomar el crédito. Ello no implicará mora o incumplimiento de ningún tipo. Una vez agotado el período de gracia, se reanudará el pago de las cuotas en las condiciones de crédito vigentes.
La autoridad de aplicación (BCRA) podrá determinar la prórroga de este período teniendo en cuenta la gravedad socieconómica del deudor. La autoridad de aplicación deberá crear un Registro de Deudores que quieran solicitar ese beneficio.
Los deudores destacan que no quieren extenderse aún más tiempo para saldar la deuda, ya que la gran mayoría son a 20 o 30 años y porque la reducción en la cuota es de menos de 14%, por lo que el beneficio va a volver a ser devorado por la inflación en algún momento.
El camino de la Justicia tampoco sería el indicado porque, de acuerdo a especialistas consultados por este medio, la única posibilidad de éxito en los tribunales que tendrían los deudores sería la de demostrar que los números incluidos en el cálculo de actualización son arbitrarios. Pero esta es una chance remota ya que el porcentaje responde a una fórmula matemática, cuyos componentes ya están establecidos antes de firmar el contrato.
Deudores del Banco Provincia
En la provincia de Buenos Aires, el Senado local avanzó en una serie de acuerdos para paliar la situación de los deudores de créditos UVA con el Banco Provincia. Pretende ponerle un tope al aumento de los montos de las cuotas que otorga la entidad, limitando su valor a un porcentaje fijo del sueldo del deudor.
Sin embargo, no está definido el porcentaje. La oposición quiere que sea un máximo del 30% de los ingresos familiares de los deudores.
En los hechos, se limitaría a las subas salariales y serviría como alivio para aquellos a los que ya les represente un 30% de su sueldo y podría significar una baja para quienes ya se encuentren por encima de esa relación.
En ese contexto, distintos defensores del Pueblo a nivel nacional se reunieron con autoridades de la Secretaría de Viviendas de la Nación para plantear las dificultades que sufren los usuarios para pagar los créditos UVA y el desfasaje entre los aumentos salariales y la inflación.
Los defensores coincidieron en que el problema de los beneficiarios reside en la diferencia que se generó entre las llamadas Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs), que se actualizan de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor del INDEC, y los aumentos salariales, que resultan insuficientes para compensar dicha actualización.
Además, plantearon formar una mesa de trabajo para evaluar las medidas que se pueden ofrecer como propuesta y se comprometieron a agotar las instancias de negociación posibles.
Entre los defensores del Pueblo se encontraban el de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, el de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, de Escobar, Rocío Fernández, y el adjunto de la provincia de Córdoba, Hugo Pozzi.
