En el marco de la 12° Semana Argentina de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, se llevó a cabo un debate en el que se hizo foco en el hecho de que, a pesar de la mejora producida por al Ley 26.773, la cantidad de juicios iniciados por los trabajadores sigue creciendo.
Uno de los principales problemas que afronta el sistema de riesgos del trabajo es la alta judicialización que sufre. El superintendente de Riesgos del Trabajo, Juan González Gaviola, advierte que «a pesar de la mejora que se produjo en los montos indemnizatorios con la sanción de la Ley 26.773 y las correcciones que planteaban los fallos de inconstitucionalidad previos a esta norma, el número de juicios iniciados por los trabajadores sigue creciendo».
Por tal motivo fue el tema central que se desarrolló en el panel sobre «Litigiosidad y Fraude en el Sistema de Riesgos del Trabajo», que contó con la participación del titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, Raúl Ojeda; el Fiscal de Instrucción -Distrito 1- del Poder Judicial de Córdoba, Enrique Gravier; y el Fiscal de Instrucción 27 del Poder Judicial cordobés, Carlos Mariano Atuña.
Además de ser uno de los principales tópicos que ofreció la 12° Semana Argentina de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, el análisis del tema fue abordado por los especialistas tratando de llegar a posibles soluciones, en orden a la disparidad de criterios que existen entre el sistema administrativo y los peritos judiciales.
De modo, que el titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, Raúl Ojeda, hizo eje en la «determinación del daño». Es decir, cómo realizar pericias correctamente a la hora de analizar un accidente o enfermedad profesional. El juez estimó que muchas de las demandas judiciales por causas laborales son iniciadas, «en un 98%», a partir de un saber popular, ya que -según el juez-, determinadas dolencias o lesiones en el trabajador son atribuidas a la actividad laboral que desarrolla.
Al respecto, Ojeda sostiene que las pericias judiciales -que son interpretaciones de lo que puede estar sucediendo- deben sostenerse sobre tres pilares específicos:
- El saber científico que aleja al perito del saber popular.
- Las técnicas empleadas: para un problema equis hay que realizar un estudio determinado y no otro.
- La experiencia: es un elemento intransferible y hace distinto a cada perito por sobre otro.
A su turno, Enrique Gravier se refirió al caso de la provincia de Córdoba, la cual sufrió una ola de demandas en el fuero laboral desde 2007 y hasta 2009. El fiscal de esa provincia mencionó que durante ese periodo existían alrededor de 4.500 procesos de demandas laborales con nombres de trabajadores repetidos, mismos abogados patrocinantes y enfermedades o accidentes detectados repetidos.
Todos estos procesos, sistemáticamente, habían sido clausurados en un punto después de homologar un acuerdo. Lo que, si bien no era algo ilegal, abrió la puerta para investigar la existencia de posibles fraudes laborales. Algo que, finalmente, resultó ser cierto.
En referencia a este punto, el fiscal Carlos Atuña se refirió a estos hechos de fraude laboral producidos en la provincia mediterránea como casos de «delincuencia económica», ya no de idoneidad o falta de ella en las pericias. «El delincuente económico tiene un engarce social que le permite tener mayor cantidad de herramientas para pelear y defenderse que un delincuente común», dijo Atuña, y resaltó que «el fraude laboral tiene una incidencia directa sobre la creación del empleo».
Los fiscales pudieron destapar estos casos de fraude laboral gracias a un minucioso y largo proceso de investigación, en el cual destacaron el aporte de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para echar luz sobre estos hechos delictivos. La investigación determinó que varios abogados y médicos que habían incurrido en graves delitos, fueran condenados a prisión por la justicia.
