El Gobierno nacional anunció un proyecto de ley para desregular el mercado de seguros, que prevé eliminar la autorización previa de productos y relocalizar el rol de la Superintendencia. La industria celebró la iniciativa, aunque reclamó que también se aborde la litigiosidad y la carga impositiva.
El presidente Javier Milei utilizó la cadena nacional del 30 de julio para anunciar, junto a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el envío al Congreso de un proyecto de ley de reforma estructural del mercado asegurador.
En su diagnóstico, el mandatario describió al mercado actual como «burocrático, limitado e ineficiente» y anticipó los ejes centrales de la iniciativa. El proyecto busca modificar el esquema actual de regulación, permitiendo que las compañías diseñen y ofrezcan productos sin autorización previa de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), que pasará a enfocarse en la solvencia de las aseguradoras y la protección de los asegurados.
Al día siguiente, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, amplió los detalles en diálogo con Radio Mitre y afirmó que la idea del Gobierno es «expandir el mercado de seguros, como sucede en todas partes del mundo». Además, precisó la secuencia legislativa: «Detrás del proyecto de reforma del Banco Central, entraría este proyecto al Congreso de la Nación. Viene una secuencia de envíos de leyes.»
Los proyectos de liberalización del mercado de capitales y de seguros integran un programa más amplio que incluye también la nueva Carta Orgánica del Banco Central y el denominado «grillete fiscal».
La decisión de incluir al mercado asegurador dentro de la reforma financiera abrió expectativas en la industria, que desde hace años reclama cambios regulatorios.
La Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA), a través de su presidente Aldo Álvarez, valoró que el Gobierno incorporara al sector dentro de ese esquema de reforma. Sin embargo, el dirigente gremial introdujo matices: advirtió que la flexibilización para diseñar y comercializar productos será insuficiente si no viene acompañada por una reforma judicial que reduzca la litigiosidad y por un alivio de la carga impositiva que hoy encarece las pólizas, bajo la consigna de «desregular el producto, pero no la solvencia». En la misma línea, remarcó que la reforma solo alcanzará sus objetivos si también se avanza sobre la judicialidad, ya que «si el expediente judicial sigue siendo el mejor instrumento financiero del país, el seguro seguirá siendo caro y el mercado seguirá siendo chico».
Para algunos analistas del sector, un mercado asegurador más desarrollado podría convertirse en el inversor institucional de largo plazo que necesita el mercado de capitales para ampliar su base compradora.
Hoy, la penetración del seguro en Argentina equivale al 2,73% del PBI, por debajo del promedio regional, lo que marca el potencial de crecimiento que el Gobierno busca desplegar con la reforma. No obstante, la transición impondrá mayores exigencias a la Superintendencia, dado que evaluar riesgos y vigilar la solvencia resulta más complejo que autorizar previamente las pólizas, y existe el riesgo de que algunas compañías reduzcan excesivamente las tarifas para ganar participación, comprometiendo su posición financiera en el mediano plazo.
En paralelo al anuncio legislativo, la SSN ya avanza con pasos concretos de desregulación por vía administrativa: la Resolución 258/2026 eliminó una restricción vigente desde 2008 que impedía el desarrollo de coberturas con prestaciones de salud y habilitó un nuevo marco regulatorio para que las aseguradoras puedan diseñar ese tipo de productos.
El próximo capítulo se jugará en el Congreso, cuando se conozca el texto definitivo del proyecto, su alcance y los tiempos previstos para su tratamiento, en un contexto en el que el oficialismo deberá sumar apoyos suficientes para convertir en ley una reforma que, según el propio Gobierno, es estructural y no admite demoras.
