Con un récord histórico de 134.000 demandas en 2025, las aseguradoras advierten que la nueva Ley de Modernización Laboral aporta las herramientas, pero el éxito de la reforma depende exclusivamente de que los jueces dejen de lado la «pasividad cómplice» y apliquen la normativa para terminar con los abusos en el sistema de riesgos del trabajo.
En un contexto de litigiosidad récord que pone en jaque la sostenibilidad de todo un sector, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) ha puesto sus expectativas en la recientemente aprobada Ley de Modernización Laboral. Sin embargo, desde la cámara que representa a las ART son enfáticos: la nueva legislación no es una solución mágica, sino un marco normativo cuya efectividad descansará, casi exclusivamente, en la interpretación y aplicación que de ella haga el Poder Judicial.
El diagnóstico del sector es contundente. Según datos de la UART, durante 2025 se iniciaron 134.141 nuevos juicios laborales por riesgos del trabajo, lo que representa una tasa de 132,8 demandas cada 10.000 trabajadores . Esta cifra no solo es un récord histórico, sino que dibuja una «doble paradoja» que, según las aseguradoras, evidencia la existencia de una «industria del juicio» desacoplada de la realidad. Mientras los accidentes laborales se redujeron un 55% y la mortalidad un 80% en las últimas dos décadas, la litigiosidad se disparó . El contraste con otros países es abismal: Argentina multiplica por 23 la tasa de juicios de Chile y por 15 la de España, a pesar de tener un sistema de cobertura más amplio .
Para la titular de la UART, Mara Bettiol, el núcleo del problema no es la falta de leyes, sino la distorsión generada dentro de los propios tribunales. «La norma establece un marco claro y una nueva oportunidad para el poder judicial de cumplir con la legislación y frenar la avalancha de demandas sin sustento», explicó Bettiol, subrayando que la «llave» está ahora en manos de los magistrados.
¿Qué herramientas concretas le brinda la nueva ley a la Justicia para, según la visión de la UART, «terminar con los abusos»? El paquete de medidas apunta directamente a desactivar los incentivos económicos que, según denuncian, inflan artificialmente los reclamos. Uno de los puntos centrales es la modificación en el régimen de honorarios periciales. Hasta ahora, los peritos médicos cobraban un porcentaje del monto de la indemnización, un mecanismo que, según estudios sectoriales, incentivaba la sobrestimación de las incapacidades para engrosar sus propios honorarios . La nueva ley desvincula estos honorarios del resultado del juicio, estableciendo un esquema sujeto a la tarea efectivamente realizada, lo que busca eliminar la «discrecionalidad» en la cuantificación del daño .
En la misma línea, la reforma introduce el concepto de «pluspetición inexcusable» en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este cambio implica que si un juez determina que un abogado infló deliberadamente el monto del reclamo, el profesional deberá asumir la responsabilidad solidaria por las costas del juicio, protegiendo así al trabajador y penalizando la especulación .
Otro pilar de la reforma es la obligación explícita para los jueces laborales de acatar la jurisprudencia de la Corte Suprema, bajo apercibimiento de incurrir en mal desempeño. Este punto busca poner fin a la «heterogeneidad» de criterios, especialmente en provincias como Santa Fe, Buenos Aires y CABA, que concentran el 73% de la litigiosidad . A esto se suma la transferencia definitiva del fuero laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires y la creación de Cuerpos Médicos Forenses (CMF) con parámetros técnicos objetivos, una medida largamente reclamada para evitar que las evaluaciones de incapacidad queden libradas a criterios subjetivos y variables según la jurisdicción .
El Gobierno nacional, a través de un comunicado oficial de la Oficina del Presidente, celebró la aprobación de esta ley como un paso fundamental para terminar con «la industria del juicio» y fomentar el empleo registrado . Sin embargo, la advertencia de la UART resuena como un desafío directo al sistema judicial: sin un cambio de actitud por parte de los magistrados, las nuevas normas corren el riesgo de quedar en letra muerta.
«El impacto real de la reforma dependerá de la consistencia institucional en su cumplimiento», insistió Bettiol. El mensaje del sector es claro: la ley ya no es una excusa. La pelota está ahora en la cancha de la Justicia, que tiene la oportunidad de desactivar una litigiosidad que, según cálculos del sector, ya consume un tercio de la alícuota que pagan las empresas en concepto de ART, encareciendo el costo laboral y afectando la competitividad . La «pasividad cómplice» que el sector adjudica a algunos tribunales deberá, a partir de ahora, transformarse en un compromiso activo para hacer cumplir la parametrización de la ley.
