La investigación penal que se inició a raíz de la licitación que el Ejecutivo local llevó adelante hace dos años, en la que la provincia logró ahorros por unos 320 millones de pesos al contratar un nuevo seguro de ART para los empleados estatales y la Policía, va camino al archivo.
La sorpresiva resolución la emitió el titular del Segundo Juzgado de Instrucción Pablo Flores, el último día hábil del año. En la misma decidió «sobreseer total y definitivamente» a la única persona que estaba en la mira por las presuntas irregularidades: Walter Rogelio Lima, exsecretario General de la Gobernación en la gestión anterior y de quién dependió la contratación y renovación automática, sin llamar a licitación, del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER).
Según el fallo, los delitos que se investigaron; fraude en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos; no se cometieron, ya que la contratación del IAPSER estuvo enmarcada dentro de un acuerdo que San Juan firmó con Entre Ríos, en el que no era necesario el llamado a licitación para adquirir los servicios de la aseguradora provincial.
La denuncia fue presentada en marzo de 2017 por Marcelo Arancibia y Diego Seguí y tras casi dos años de investigación, en la que se requirió información a distintas reparticiones de la provincia y de Entre Ríos, y se tomaron una serie de declaraciones testimoniales, el fiscal Daniel Galvani le indicó al magistrado que éste ya contaba «con los elementos necesarios» para emitir una resolución de la causa.
Con el patrocinio de Fernando Castro, Walter Lima se presentó en forma espontánea en la Justicia al entender que los hechos investigados lo tenían en la mira, por lo que al resolver el magistrado lo apartó y decidió no continuar con la investigación ni con el proceso judicial.
