En el marco de la investigación judicial que indaga el presunto direccionamiento de pólizas de seguros estatales, una ex colaboradora cercana al ex presidente Alberto Fernández prestó declaración testimonial este miércoles ante la justicia federal. Se trata de Ana Clara Hernández, quien ocupó el cargo de secretaria asistente en el despacho presidencial durante la gestión de Fernández y relató detalles de la dinámica interna de ese entorno, con foco en la preocupación que manifestaba la secretaria privada ejecutiva, María Cantero, ante la posible pérdida de negocios para su esposo, el broker Héctor Martínez Sosa.
Hernández fue convocada por el juez Ariel Lijo a pedido de la defensa del ex mandatario y declaró bajo juramento. Según su versión, Cantero se mostraba visiblemente nerviosa y repetía que temía que le quitaran a su marido —a quien llamaba “Hecky”— los contratos de seguros de la Cancillería. La testigo recordó que la secretaria expresaba dudas sobre si debía consultar el tema directamente con Fernández, anticipando una reacción dura, aunque aclaró que nunca supo si finalmente lo hizo ni cuál fue el desenlace de esa inquietud.
La declaración también permitió un retrato más amplio del rol que desempeñaba Cantero en la Casa Rosada. Hernández la describió como una figura con fuerte ascendiente en el despacho privado, alguien que se jactaba de su carácter decidido y de los años de cercanía con el ex presidente, pero que en ocasiones se tomaba atribuciones que no le correspondían: criticaba a los invitados, opinaba por encima de su función o elevaba la voz de manera notoria. Esos excesos, según la testigo, cesaban de inmediato cuando aparecía Fernández, quien en más de una oportunidad le pedía moderación o incluso que se retirara. Un episodio concreto ocurrió durante la visita oficial del presidente español Pedro Sánchez: Cantero ingresó a la privada y comentó en voz alta aspectos de su apariencia, lo que provocó que el mandatario la apartara y le recordara, con firmeza, que debía mantenerse en silencio y comportarse adecuadamente.
Además, Hernández explicó el riguroso protocolo que regía las audiencias presidenciales. Toda visita era evaluada previamente por la Dirección General de Audiencias, que elaboraba carpetas con antecedentes, datos y hasta fotografías antes de aprobar cualquier encuentro. En el caso de Martínez Sosa, nunca se confeccionó una de esas carpetas y, según la testigo, Cantero se mostraba estresada o lamentaba en privado que su esposo no fuera recibido en la Casa Rosada, salvo en una ocasión puntual el 10 de diciembre. La ex asistente también recordó que su propio ingreso al gobierno se produjo a través de su militancia en el albertismo y que el vínculo entre Fernández y Martínez Sosa se remontaba a la época en que este último trabajaba en la Superintendencia de Seguros, donde Cantero era su secretaria.
El testimonio se inscribe en la causa Seguros, que investiga si, a través del decreto 823/2021, se centralizaron de manera irregular las contrataciones de seguros en Nación Seguros S.A., favoreciendo a intermediarios cercanos al poder ejecutivo sin respetar los procedimientos de selección previstos. El juez Sebastián Casanello ya procesó a Fernández por negociaciones incompatibles con la función pública, junto a Martínez Sosa, Cantero y otros ex funcionarios, señalando que el broker concentró una porción mayoritaria de las comisiones pagadas por el Estado. Parte de las pruebas incluyen comunicaciones telefónicas y chats que coinciden con lo relatado por Hernández sobre las gestiones en Cancillería.
También había sido citada a declarar Vilma Ibarra, ex secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, quien se presentó puntualmente acompañada por su hermano, el ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra, pero su testimonial fue postergada porque la audiencia con Hernández se extendió más de lo previsto. La causa, que ya cuenta con procesamientos confirmados en instancias superiores, continúa su curso con nuevas medidas de prueba destinadas a esclarecer el alcance de las supuestas irregularidades en las contrataciones estatales.
