Ante la demora judicial que supera los cinco años para obtener un fallo firme, el sector asegurador y distintos estamentos del Estado impulsan una reforma procesal que permita resolver los reclamos por siniestros viales en un plazo máximo de doce meses.
La litigiosidad en los seguros de automotores se ha convertido en un problema estructural que expone las grietas más profundas del sistema judicial argentino. Quien sufre un accidente de tránsito y decide recurrir a la Justicia sabe que el camino será largo: en promedio, deberá esperar 66 meses para obtener una sentencia firme. Esa demora, que en muchos casos supera los cinco años, no constituye una excepción sino la regla general del fuero civil y comercial del país.
Sin embargo, la dilación no es la única distorsión que aqueja al sistema. Las cifras del mercado asegurador revelan una paradoja aún más elocuente: apenas el 1,5 por ciento de los siniestros termina en un juicio. Ese pequeño porcentaje, sin embargo, concentra una porción desproporcionada de los costos totales del seguro. Y lo que resulta todavía más alarmante es que, de todo lo que la aseguradora paga en concepto de indemnizaciones y costos procesales, solo un 40 por ciento termina efectivamente en los bolsillos del damnificado. El 60 por ciento restante se diluye en honorarios, gastos judiciales, pericias y otros accesorios del proceso.
Gustavo Trías, presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS), expuso este diagnóstico en el Foro Nacional de Seguros 2026 celebrado en Buenos Aires. Allí advirtió que la demora no beneficia a nadie: ni al damnificado, que cobra menos de la mitad de lo que se paga después de años de espera; ni al asegurado, que termina financiando esas ineficiencias con primas más elevadas; ni al sistema en su conjunto, que se vuelve cada vez más caro y menos confiable.
Frente a este panorama, el desafío ya no es incremental sino estructural. La solución propuesta desde el sector y respaldada por distintos actores institucionales pasa por la modernización de los códigos procesales, con un objetivo claro y mensurable: resolver los conflictos derivados de siniestros de tránsito en un plazo máximo de doce meses desde que se efectúa el reclamo judicial. Para ello, se impulsan reformas orientadas a una mayor oralidad de los procesos, la implementación de juicios abreviados, la producción de pericias en plazos perentorios y la reducción de los costos accesorios.
Lejos de tratarse de una idea meramente teórica, ya existen experiencias concretas en el país que demuestran que la eficiencia y la justicia pueden ir de la mano. La provincia de Mendoza implementó reformas procesales que lograron reducir la litigiosidad en un 32 por ciento en los últimos ocho años, según datos oficiales de la Suprema Corte de Justicia local. Ese ejemplo ha sido destacado en el ámbito del seguro como un modelo a seguir para otras jurisdicciones.
El debate trasciende al sector asegurador y se instala en el corazón de la calidad institucional del país. En un contexto más amplio, la Cámara de Diputados de la Nación abrió a comienzos de 2026 el expediente 0391-D-2026, mediante el cual se propone revisar integralmente el marco normativo que rige el sistema asegurador argentino, incluyendo la Ley de Contrato de Seguro (17.418) que data de hace más de cinco décadas.
El objetivo final es construir un sistema judicial más ágil, moderno y previsible, donde la demora excesiva no se convierta en una forma de injusticia. Como concluyó Trías en el foro porteño, la pregunta ya no es si es posible avanzar hacia una justicia más rápida en casos de accidentes de tránsito, sino cuánto tiempo más se está dispuesto a esperar para hacerlo realidad.
