La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto el procesamiento del expresidente Alberto Fernández por presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales. El fallo, dividido entre los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo —que votaron por la anulación— y Gustavo Hornos —que se pronunció en disidencia—, ordena a la Cámara Federal emitir un nuevo pronunciamiento. La decisión se basó en la ausencia de impulso fiscal en la instancia anterior, lo que vulneró el principio de que “no hay juez sin acusador”.
El máximo tribunal penal federal resolvió por mayoría anular el procesamiento de Alberto Fernández en la causa que investiga supuestas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos. La investigación se originó en el Decreto 823/2021, que centralizó las pólizas en Nación Seguros S.A. y abrió la puerta a la participación de intermediarios privados con vínculos cercanos al expresidente. Según la hipótesis fiscal, ese esquema habría generado comisiones millonarias superiores a las de mercado y un eventual perjuicio para el Estado.
Fernández había sido procesado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, con un embargo de más de $14.600 millones y prohibición de salida del país. Sin embargo, la defensa apeló la medida y encontró respaldo en el fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, quien sostuvo que no había pruebas suficientes para sostener el procesamiento y pidió dictar la falta de mérito.
Al llegar el expediente a Casación, el fiscal Raúl Pleé reclamó confirmar el procesamiento, pero los jueces Borinsky y Carbajo entendieron que la acusación ya no tenía sustento, dado que en la instancia anterior tanto la fiscalía como la defensa coincidieron en solicitar la revocación. En su voto, Borinsky remarcó que la Cámara Federal había confirmado el procesamiento “sin una base acusatoria suficiente”, lo que vulneró el principio acusatorio y el debido proceso.
En disidencia, el juez Gustavo Hornos consideró que el fallo que confirmaba el procesamiento no era una sentencia definitiva y que la defensa no había demostrado un perjuicio irreparable. Para él, el dictamen de Pleé justificaba avanzar con la causa y mantener firme la medida.
La decisión de Casación no implica el cierre de la investigación, sino que ordena a la Cámara Federal revisar nuevamente la situación procesal de Fernández. El expediente también involucra a empresarios y funcionarios cercanos, entre ellos Héctor Martínez Sosa, amigo personal del expresidente, y su esposa María Cantero, exsecretaria privada de la Presidencia, quienes habrían tenido un rol clave en el esquema de intermediación.
El fallo marca un giro en una causa de alto impacto político y económico, que había puesto al expresidente frente a la posibilidad de su primer juicio oral por corrupción. Ahora, la definición sobre su futuro judicial dependerá de un nuevo pronunciamiento de la Cámara Federal.
