Una serie de resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación derivó en la salida forzada de aseguradoras medianas del mercado. Mientras el Ejecutivo habla de “solvencia”, expedientes e inmuebles, 350.000 clientes pasaron a manos de un grupo de liquidadores que se repite en cada caso. La trama salpica al equipo económico y reaviva denuncias de concentración y corrupción.
En el edificio de Moreno al 400, en la Ciudad de Buenos Aires, hoy se concentran las liquidaciones de varias compañías que la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) apartó del mercado en los últimos meses. El Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, presentó las medidas como parte de un proceso para sanear el sector y garantizar solvencia. Sin embargo, lo que se observa en los expedientes es un patrón: el aumento de exigencias de capitales mínimos en plena caída de la actividad forzó la insolvencia de firmas medianas y habilitó la intervención.
Una vez revocada la autorización para operar, el control de los activos pasó a un mismo grupo de liquidadores: Orlando Marcelo Suárez, Vanina Marisel Cesari y Marcelo Agustín Parisi. Bajo su firma quedaron los restos de Galeno ART, TPC, Orbis y Boston Seguros. Solo en el caso de Orbis, el Estado administra una cartera de 350.000 clientes y un inventario de 365 inmuebles.
La cadena de mando vuelve a la SSN. Los tres liquidadores responden a Guillermo Plate, actual titular del organismo. Plate integró junto a Juan Pazo parte del esquema que hoy ejecuta las intervenciones. Pazo, ex titular de ARCA hasta diciembre pasado, enfrenta denuncias por negociaciones incompatibles debido a su vínculo con el fondo Invernea, que gestiona activos en sectores que su propia estructura debía auditar. Según fuentes citadas por medios, Pazo seguiría colaborando de forma externa con el equipo económico de Caputo.
El mecanismo que genera más suspicacias es la asignación de oficio. Cuando se liquida una aseguradora, el Superintendente puede derivar las pólizas de forma discrecional si los clientes no eligen una nueva empresa en plazos muy cortos. Esa facultad termina beneficiando a las compañías que ya concentran cerca del 75% del mercado, como Sancor Seguros y SMG, ambas con llegada directa al entorno de Federico Sturzenegger y al Ministerio de Economía. Así, absorben contratos de las competidoras que la propia Superintendencia eliminó.
El caso se suma a un contexto político complejo para la gestión de Javier Milei. En los últimos días se acumularon denuncias que afectan a funcionarios del Gabinete: desde la investigación a Carlos Frugoni por inmuebles no declarados en Estados Unidos, hasta la causa que investiga presuntas maniobras ilícitas por más de 75.000 millones de pesos que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad y que derivó en 35 declaraciones judiciales, con menciones a Karina Milei. El Presidente defendió públicamente a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y calificó de “operaciones” las revelaciones periodísticas, mientras sostiene un discurso anticorrupción.
En paralelo, la economía muestra señales de deterioro. Datos del Banco Central indican que desde la asunción de Milei se cerraron más de 330.000 cuentas sueldo, con un recorte de 65.000 solo en abril. Cada cuenta está asociada a un puesto de trabajo formal, por lo que la caída refleja una contracción del empleo registrado. También se redujo en 28.000 la cantidad de empresas que acreditan haberes.
La trama de los seguros había tenido un antecedente en la gestión anterior. En febrero de 2024, el Gobierno desactivó un esquema heredado de Alberto Fernández que obligaba a los organismos del Estado a tramitar sus pólizas a través de Nación Seguros, pero permitía la intervención de brokers privados con comisiones por encima de los valores de mercado. Auditorías en ANSES detectaron un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales. El ex presidente Alberto Fernández quedó imputado en esa causa por violación a los deberes de funcionario público y malversación.
Hoy, la lógica se invierte pero el foco vuelve a estar en la gestión de fondos y contratos estatales. Mientras el Gobierno impulsa reformas para “dar reglas claras” y bajar costos laborales, el manejo de las liquidaciones de aseguradoras deja expuesta una matriz donde el Estado interviene, desplaza competidores y concentra pólizas en pocas manos. La Superintendencia decide quién se queda afuera y, en los hechos, también quién se queda con el negocio.
