El Sistema de Riesgos del Trabajo acumuló 25.621 nuevas demandas entre enero y marzo y proyecta superar los 132.000 juicios en 2025. La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) advierte que el aumento sostenido de la judicialización, pese a la baja de accidentes, tensiona la cobertura de más de 10 millones de trabajadores y eleva los costos para el sector productivo.
El Sistema de Riesgos del Trabajo atraviesa un comienzo de año marcado por cifras inéditas. Durante el primer trimestre se notificaron 25.621 juicios nuevos, con un pico de 11.546 demandas sólo en marzo. De mantenerse ese ritmo, 2025 cerraría con 132.100 litigios, lo que representaría un salto de casi 70% respecto de los menos de 80.000 casos registrados en 2018.
Desde la UART remarcan que el fenómeno ocurre a contramano de la evolución de la siniestralidad. Mientras los accidentes laborales cayeron 55% y los fallecimientos en el ámbito de trabajo retrocedieron 80% en los últimos años, la cantidad de demandas no detuvo su crecimiento. Para la entidad, esa divergencia genera “máxima tensión” sobre un esquema que hoy brinda unas 14 millones de prestaciones asistenciales por año y que, desde su creación en 1996, contribuyó a salvar más de 19.000 vidas.
La presidenta de la UART, Mara Bettiol, sostuvo que el sistema “está en riesgo” por la combinación de una litigiosidad creciente y un mecanismo de actualización de indemnizaciones que, según las aseguradoras, se aparta de la normativa vigente. En ese contexto, la organización insiste en la necesidad de corregir los costos asociados a los juicios para evitar un impacto mayor sobre la estructura productiva. El argumento central es que la judicialización encarece las primas, reduce la competitividad y desalienta la contratación formal.
La distribución geográfica de las causas muestra una fuerte concentración: la provincia de Buenos Aires reúne el 40% de los litigios iniciados y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentra otro 19%. Les siguen Santa Fe, Mendoza y Córdoba. Datos complementarios relevados por la UART indican que en 2025 se alcanzó un máximo histórico de 134.141 demandas, con un incremento de 200% respecto a 2020.
El sector asegura que el problema no es nuevo, pero se agravó. Entre 2022 y 2025 los ingresos anuales pasaron de 93.000 a 134.000 juicios, mientras el costo promedio del seguro de riesgos del trabajo se ubica en 2,77% de la nómina salarial. A su vez, la UART señala que el 88% de las demandas ingresadas corresponde a casos sin incapacidad reconocida y que un 60% se presenta fuera de los plazos legales, factores que, según las aseguradoras, alimentan la acumulación de causas.
Como respuesta parcial, en 2024 la Superintendencia de Seguros modificó la “Reserva por juicios futuros” que deben constituir las ART para garantizar fondos ante la litigiosidad esperada durante sus primeros cinco años de operación. Pese a esa medida, desde la UART reclaman la implementación efectiva de los Cuerpos Médicos Forenses en las provincias, previstos por ley para asegurar pericias imparciales y ordenar la determinación de incapacidades.
El debate se da mientras el Congreso analiza proyectos de reforma laboral. Las aseguradoras advierten que, sin cambios en la dinámica judicial, el encarecimiento del sistema terminará trasladándose al empleo y a la inversión. “Las consecuencias de la inacción serían catastróficas para la estructura productiva argentina”, sintetizó Bettiol.
