Tres causas por el manejo de la aseguradora Horizonte, durante la gestión radical, concluyeron en absoluciones de los responsables. El fundamento central de las determinaciones judiciales: el paso del tiempo.
Las denuncias se concentraron en el 2012 con el recambio provincial y fueron formalizadas por las entonces nuevas autoridades de la sociedad estatal. Tras siete años, dos causas finalizaron directamente sin acusación de la fiscalía por el “tiempo transcurrido”, la “imposibilidad de recolectar pruebas” y las ya producidas.
La tercera avanzó y se realizó el juicio donde el juez Guillermo Baquero Lazcano también se inclinó por los sobreseimientos, entre otras razones, por los años pasados. “Es muy difícil hacer justicia después de tanto tiempo”, opinó.
Los operadores coincidieron en ese punto en las condonaciones penales. Lo hizo también el ex presidente de Horizonte e imputado Fernando Grandoso al insistir en el perjuicio personal y profesional ocasionado por la extensión del proceso.
Según las iniciales pericias judiciales, el perjuicio -al 2012- superaba los 13 millones, considerando unos 3,1 millones cedidos en un reaseguro internacional por “Seguro como en casa” a estudiantes; unos cuestionados 2 millones abonados por cobertura laboral a empleados de COTO y otros 7,9 millones por otro seguro cedido a una firma por mala praxis para el personal de Salud.
En realidad, las denuncias fueron formalizadas por separadas, mantuvieron la placidez habitual en las investigaciones contra el poder y, luego, sufrieron las alteraciones por la reforma procesal.
Por caso, el expediente por los censurados pagos de ART Horizonte al personal del hiper Coto se tramitó en el juzgado N° 4, a cargo de Carlos Mussi, hoy vocal del Tribunal de Impugnación. Su última intervención fue indagar a los imputados, pero no resolvió y el expediente ingresó en julio del 2017 en el cambio procesal.
Este año, el fiscal Juan Pedro Peralta unificó las tres causas con imputaciones al ex presidente Grandoso, otros dos exdirectores José Ciarlo y Edgardo Corvalan; la responsable en Buenos Aires, Susana Freyro y el exgerente general, Carlos Ramos (incluido en dos de ellas).
En un debate inicial, conducido por el juez Adrián Dvorzak, el fiscal requiere sobreseimientos para todos en dos causas (ART de Coto y mala praxis), considerando el “tiempo transcurrido y la imposibilidad de recolectar” nuevas pruebas. Entendió “ agotada la producción” de otras que “alteren el actual marco indiciario en forma relevante”.
Prosigue para juicio con la acusación del otro hecho, centrado en el reaseguro internacional, pero libera a Ciarlo, Corvalan y Freyro, y se centra en imputaciones al ex presidente Grandoso y al ex gerente Ramos.
Al final, el juez Guillermo Baquero Lascano concluyó que “el dolo no se probó, ni el propósito de perjudicar”. Fue contundente también en otros aspectos. “Es muy difícil hacer justicia después de tanto tiempo. Esta absolución llega muy tarde, es muy difícil llegar a un veredicto de culpabilidad, pero si el hecho hubiera sido tan claro, los imputados hubieran estado condenados hace rato”.
Reaseguro internacional: En el 2010, Educación lanzó “Seguro como en casa” para estudiantes. Firmó el convenio con Horizonte, que contrató un reaseguro y cedió el 80% del negocio a una empresa Bermudas, “claramente perjudicial -decía la acusación fiscal- por la baja de siniestralidad”. Se estimó en el expediente un perjuicio de $ 3.154.208. Única denuncia que llegó a juicio, y el juez resolvió en favor de los acusados. El fiscal anticipó su apelación.
Convenio perjudicial: En el 2009, Horizonte firma cobertura de ART con Coto para sus 20.000 empleados e incluyó una “cláusula adicional”, por la cual, la aseguradora asume un costo que corresponde -según la ley nacional- a la empresa. Perjudicio planteado $ 2.050.181. En el 2015, la fiscalía de Administración, a cargo de Marcelo Ponzone, estimó el costo al Estado en $ 7.090.047.
Mala praxis médica. En el 2009, la aseguradora provincial acuerda mala praxis para el personal de Salud. Horizonte acordó un reasegura con TPC de Buenos Aires y cedió el 80% de la prima. Se le cuestionó si era necesario ese reaseguro, y la razonabilidad del precio. Perjuicio planteado en la acusación: $ 7.885.166
